Al haber sido probada la enmienda de la «Ley Celaá» se elimina al castellano, al español, como lengua oficial del Estado y vehicular en la educación, pero todo no está perdido puesto que hay quienes fieles a la coherencia se pronuncian en contra de la misma, entre ellos Vox, PP Cs y UPN. Aunque El PSOE quiere que la «ley Celaá» llegue al Senado antes de fin de año. Esta ley es un «fraude constitucional».
No contentos, PSOE, Podemos y ERC pactan incluir en Primaria y ESO una materia aconfesional de «cultura de las religiones».
La enmienda transaccional pactada por PSOE, U. Podemos y ERC modifica el proyecto de ley educativo, la Lomloe, que actualmente dice en su articulado que:
«Las administraciones educativas
garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir
enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás
lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».
El cambiado consiste en que ahora se destaca que las comunidades
autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en
castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía. Nada se dice de que el castellano, como sí dice la Constitución, sea la lengua vehicular.
Se expresa que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», sin que se aluda al español como «lengua oficial del Estado».
Hasta la catalana Ana Losada, que es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña, se opone a esta enmienda y ha expresado «su más absoluto rechazo a la aprobación de esta enmienda, que se plega a los deseos del nacionalismo de excluir al español y a la cultura española de la escuela catalana». Dice además que: «nuestra Constitución nos sigue amparando y en ella confiamos para revertir esta situación, continuaremos recurriendo a la justicia para conseguir que nuestros hijos estudien en las dos lenguas oficiales y de los catalanes»... «no podemos dejar de manifestar nuestra gran decepción con el Gobierno de España, que ha mercadeado con los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes para obtener rédito político. Hoy el Gobierno de España ha aprobado una Ley que crea desigualdad entre los españoles».
Mientras tanto el Gobierno socialcomunista de España se defiende a decretazo limpio con legislación para impedir que la gente manifieste su repulsa ante tamaños despropósitos que viene cometiendo.