La colección U. Podemos en el Congreso del partido. Foto: Europa Press
Unidas Podemos no aprobó sus cuentas a finales de 2018, como es habitual, sino que aprobó fuera de plazo (dos meses después) presupuesto para poder así justificar el pago a Neurona en la campaña de 2019.
Se sirvió de un documento provisional -según ha publicado vozpopuli- redactado deprisa y corriendo, aprobado por la Ejecutiva unos días después de la redacción del borrador del contrato a Neurona.
U. Podemos concluyó el año 2018 sin un presupuesto oficial cerrado.
Entre febrero - marzo de 2019 la Ejecutiva hubo de aprobar un documento financiero parcial “presupuesto enero-abril 2019” con el que se daba cabida a los gastos extraordinarios de sus campañas electorales que fueron generales, autonómicas y europeas. Ese documento fue aprobado el 2 de marzo, cinco días después de la redacción del borrador del primer contrato a Neurona. Esta consultora aun no había sido registrada, pero U. Podemos ya preparaba la documentación para entregarle 425.000 euros de un total presupuestado en tres millones pensado destinar a propaganda.
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Fuentes internas de U. Podemos habrían informado a Vozpopuli que a finales de 2018 la nueva gerente, Rocío Val, explicó a los compañeros de partido que el presupuesto se iba a prorrogar, lo que sorprendió a algunos pues el año siguiente era electoral. La prórroga dificultaba ejecutar gastos extraordinarios tales como la renovación de la sede o la preparación de mítines.
Entre enero y febrero Pablo Iglesias se vio in extremis a redactar un documento financiero. Paralelamente Pedro Sánchez estaba fracasando en su negociación con ERC y adelantaba las elecciones.
Podemos entregó 425.000 euros y Neurona fue la empresa que le asesoró durante su campaña electoral. Pero en el interior del partido hubo quienes sospecharon de un mecanismo de enriquecimiento personal. Juan Carlos Monedero y el exjefe de campaña, Juanma Del Olmo, mantenía relación estrecha con los promotores de Neurona; y miembros del equipo legal fueron quienes alertaron sobre la posible ilegalidad de esa operación y al parecer, por ello, fueron expulsados.
La Ejecutiva del partido aprobó el citado documento financiero el 2 de marzo, fueron 49 votos a favor y uno en contra. El voto en contra fue el de Kiko, Francisco Garrido, que estaba entonces enfrentado a la cúpula por su problemática gestión en la Rioja. Hubo además dos abstenciones, las de José García Molina, exvicepresidente de Castilla La Mancha por cuyo protagonismo fue condenado al ostracismo de la dirección y la de Óscar Urralburu, líder en Murcia, que criticó la política de la cúpula y que unas semanas después se integrara en el partido de Íñigo Errejón, Más País.
Pese a las críticas internas, muchos fueron los que decidieron avalar la estrategia de la cúpula y evitar que se conociese el malestar. El partido dio visto bueno a ese presupuesto, incluyendo dirigentes que meses después estuvieron dispuestos a destapar y corroborar las irregularidades qe hbían sido denunciadas por dos abogados purgados, militantes como Gloria Elizo, la responsable de ese equipo legal; y Pablo Fernández Alarcón, su marido que había sido gerente de U. Podemos antes de Rocío Val, que estaban siendo apartados por la dirección.
La nueva gerente venía del sector de Rafa Mayoral y antes había trabajado para otra empresa del entorno de U. Podemos, Kinema, se incorporó cuando U. Podemos empezó a trabajar con Neurona. Ahora se encuentra imputada en la instrucción del caso Neurona, así como también lo están Daniel de Frutos, el tesorero y Del Olmo, exjefe de campaña.
Dirige la investigación el juez Juan José Escalonilla, quien ha llamado a declarar en calidad de testigo a Fernández Alarcón, declaración que se considera en varios sectores de U. Podemos pieza clave en el caso de la operación Neurona.
Alarcón fue quien aprobara el presupuesto parcial del partido en 2019 que dio cobertura a la contratación de Neurona, algo que podría involucrarle en la trama, pese a no haber participado directamente. Por esta razón en U. Podemos piensan al parecer y según publicó vozpópuli en su momento, que el dirigente habría evitado hasta el momento declarar contra la cúpula. Esto mismo puede ocurrirle a otros 52 integrantes de la directiva podemita, cuyos nombres obran en el anómalo documento financiero que daba cobertura a los contratos pagados con dinero público y que ahora investiga la Justicia.