Carlos Lesmes, pte. CGPJ
La paciencia de jueces y magistrados se ha colmado, con su presidente Carlos Lesmes en cabeza como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, pues no es de recibo el intento del Gobierno socialcomunista de controlar el CGPJ, limitar e intervenir las competencias del Consejo en funciones.
- Por una parte distintos grupos políticos socialcomunistas negociacian para la renovación del CGPJ
- Por otra, la nueva propuesta legislativa que limita las compentencias de lo que es el máximo órgano de Gobierno de jueces y magistrados.
Frente a esto los jueces exigen que dimita de forma inmediata Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, después de conocer que los grupos socialista y confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común registraron una proposición de ley orgánica ante la Mesa del Congreso de los Diputados para modificar la LOPJ y recortarle independencia al CGPJ.
Dicha atrevida propuesta tiene como aspectos más relevantes
- su intención de suspender la función de nombramientos por parte del Consejo mientras permanezca en funciones
- y limitar su potestad reglamentaria
Los jueces recriminan al Gobierno que utilice el argumento del "déficit constitucional" de la actual configuración del funcionamiento del Consejo prorrogado, pero la realidad es que: "lo cierto es que la propuesta realizada tiene claros visos de inconstitucionalidad"la propuesta es la anticonstitucional, al impedir al CGPJ llevar a cabo una de las funciones que se le reconocen expresamente en el artículo 122.2 de la Constitución Española: realizar los nombramientos de los más altos Tribunales de nuestro país. Por lo que protestan los jueces diciendo que: "Bajo ningún concepto puede hacerse depender la composición de los Tribunales de los intereses de los partidos políticos" .
Hasta ahí podíamos llegar. Se supone que en España hay separación de poderes. El Poder Judicial por definición debe ser independiente... "el vaciamiento intencionado de funciones de un órgano constitucional como el CGPJ por parte del poder legislativo, en atención a criterios meramente políticos, supone desconocer la exigencia del principio de separación de poderes, el imprescindible equilibrio entre ellos y una injerencia inadmisible constitucionalmente pues lo que busca es influir en la composición de la cúpula judicial".
El 9 de noviembre de 2020, los 47 ministros de justicia del Consejo de Europa reafirmaron, en su 70 aniversario, su compromiso de
- reforzar la independencia del Poder Judicial
- y proteger el Estado de Derecho en todos los países de la Unión.
El titular de Justicia español lamentablemente
- por una parte, "ha interferido en la labor del CGPJ solicitando públicamente en diversas ocasiones que no realice nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, a pesar de que el Consejo esté obligado a hacerlos"
- y por otra "ha justificado públicamente una reforma de la LOPJ para reducir las mayorías con las que se eligen los vocales judiciales que debilita aún más la separación de poderes, lo que ha provocado que por primera vez en la historia intervengan, llamando la atención a España, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa".
Los jueces recriminan a Campo que
- "no sólo esté dispuesto a repartirse los vocales del CGPJ"
- sino que aspira a hacerlo
- "alcanzando un acuerdo para designar a su presidenta y la del Tribunal Supremo",
- todo lo cual "contraviene directamente lo dispuesto en la ley".
Es un escándalo, consideran los jueces y la mayor parte de la ciudadanía, que el ministro ignore las advertencias de Europa deliberadamente "contra esta segunda reforma".
Además esa reforma "paraliza el funcionamiento del Poder Judicial, con la expresada intención de superar un bloqueo que no es otra cosa que la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en perfiles independientes", terminan aseverando en su nota.
Los deseos de la judicatura se resumen en:
- Que dimita el Ministro de Justicia
- y "que la clase política apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace 7 años".