El Gobierno ignora al Comité de Bioética, que rechaza la eutanasia como derecho y prestación sanitaria; y plantea lo que sería una eutanasia a domicilio y exprés, busca que la nueva «prestación de ayuda a morir» sea más accesible y se aplique no solo a los enfermos terminales
El Gobierno de coalición socialcomunista pretende que la eutanasia sea un derecho para todos los ciudadanos, algo a lo que puedan acceder cuanto antes y sin cortapisa ninguna. Parece que sobran los que están, pero no dejan de dar entrada a inmigrantes. Es lo que se desprende de las enmiendas presentadas tanto por PSOE como por U. Podemos en el Congreso y a su propia proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
La mayoría de las propuestas van encaminados a
- acelerar los procesos,
- rebajar requisitos
- ampliar todo lo posible la cobertura de la «prestación de ayuda a morir».
El Gobierno socialcomunista proponen en sus enmiendas, a las cuales tuvo acceso ABC, cuestiones como
- la eutanasia exprés o
- que el suicidio asistido
se pueda aplicar a padecimientos crónico, no solo a un enfermo terminal, que es lo que planteaba el texto original.
Las comisiones para supervisar los procesos pasarían a llamarse «de garantía», mientras que lo propuesto era «de control».
En estas propuestas, los médicos que apliquen la eutanasia podrán acortar el plazo de 15 días naturales que preveía la actual proposición, establecido entre la primera y la segunda solicitud del paciente para dar vía libre a que el paciente pueda acceder a este «nuevo derecho», que puede dar lugar a la comisión de numerosas arbitrariedades. Podrían reducirlo «a cualquier periodo menor» de considerar inminente la pérdida de «la capacidad del paciente para dar su consentimiento».
Cuando se diera esta circunstancia, la eutanasia también podría practicaser «sin la verificación previa», esto es que el médico podría obviar también el último plazo de las 24 horas que se otorga al paciente para que decida «si desea continuar o desistir» antes de proceder a la eutanasia.
Aparece la posibbilidad de arbitrariedad en la falta de garantías que la norma establecería para que la decisión de morir fuese realmente «libre, voluntaria y consciente».
Con sus enmiendas, el Gobierno de coalición propone que cualquier documento prácticamente sea válido para el acceso a la eutanasia cuando no esté «en pleno uso de sus facultades», bartando que hubiese realizado la petición con antelación en «el testamento vital, las voluntades anticipadas o en documentos equivalentes legalmente reconocidos». Al respecto, el texto original del PSOE solamente incluía «el documento de instrucciones
previas», sin embargo en las enmiendas se añaden como válidos
todos los demás.
Laxos igualmente los requisitos de presentación de la solicitud de eutanasia, pues el gobierno socialcomunista pretende que cuando «la situación personal o condición de salud del paciente no lo permita», pueda «ser fechada y firmada» la solicituda por «otros medios que le permitan dejar constancia» o «por otra persona plenamente capaz», poniendo como condición única que lo haga «en presencia» del solicitante de la eutanasia.
Otra novedad que también da pie a arbitrariedades es que esta prestación, que será incluida en el Sistema Nacional de Salud, «se pueda realizar en el domicilio particular» del paciente, no sólo en «hospitales públicos, concertados y privados».
Ante tanta posibilidad de prácticas arbitrarias, la nueva ley pretende dejar claro que la eutanasia en ningún caso será un delito. PSoe y U, Podemos han decidido incluir el artículo 143 bis en el que expresamente se señala que cualquier «acto necesario y directo» que realice el médico o el personal del equipo asistencial y «cause o coopere a la muerte de una persona cuando esta sufra un padecimiento crónico o una enfermedad incurable dejará de ser una conducta punible». Para controlar esto, obviamente, el servicio médico debería ser seguido muy de cerca e inspeccionado con lupa.
Para el Gobierno socialcomunista esta nueva ley debe además tener carácter retroactivo, contemplan una disposición transitoria que dejaría claro que «estará exento de pena quien esté siendo investigado, o haya sido procesado o sentenciado, por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia por el delito previsto en el artículo 143.4 del Código Penal, siempre que la persona fallecida reuniera los requisitos previstos» en la ley. Por ejemplo, que conste «de manera inequívoca su voluntad expresa de poner fin a su vida».
Es más que atrevido que el Gobierno socialcomunista no sólo plantee que la ley tenga efectos jurídicos antes de su entrada en vigor, también solicita a los tribunales que hayan pronunciado ya sentencia, que «revisen de oficio sus fallos firmes condenatorios con anterioridad a la entrada en vigor de la norma y en las que el penado se encuentre cumpliendo efectivamente la pena». De verdad que esto parece la casa de los horrores. Da miedo ponerse enfermo.
Esta proposición de ley debe ser debatida en la Comisión de Justicia. Los distintos grupos parlamentarios deberán negociarán las enmiendas que después se incorporarán al definitivamente al articulado de la ley. Cuando sea votada la ponencia, se llevará al pleno del Congreso el texto y allí será rechazado o aprobado.
Esta Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia cuenta con apoyo parlamentario y también lógicamente con partidos que se oponen. PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad pero fueron rechazadas. Realmente el tema exigiría que los políticos que deben velar por los intereses de los españoles diesen un reparo al tema para evitar muy lamentables errores o delitos en el futuro, aunque legalmente ya no se llamasen delitos.
El Gobierno pretende sacar adelante esta ley a pesar del veto del Comité de Bioética, órgano asesor del Gobierno que había reprobado la proposición por unanimidad y sin votos particulares.