Se están investigando amenazas recibidas por el juez Manuel García Castellón que pidió imputar a Pablo Iglesias, este magistrado ha sido objeto de ataques en las redes sociales que podrían ser delitos de odio y/o amenazas, las amenazas sí que lo son puesto que son amenazas de muerte.
García Castellón
remitió al Supremo la exposición razonada en la que pide la
imputación de Iglesias por
- delitos de revelación de secretos,
- daños informáticos y
- denuncia falsa en el contexto del robo del móvil a su asesora Dina Bousselham
- cuyos contenidos fueron difundidos en prensa.
Concurren pues indicios suficientes para sostener que
- Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, orquestó una estrategia jurídica para defender en los tribunales, «a sabiendas de su falsedad»,
- que existía una conspiración contra Podemos y un plan para perjudicarle.
- El objetivo habría sido obtener «rédito electoral».
El portavoz Pablo Echenique, de Unidas Podemos, acusó en redes al juez de intentar «destruir» al partido en un «vale todo», en este hilo había quien pasaba de la crítica al insulto, a la descalificación y luego a la amenaza.
Las fuerzas del orden, según fuentes de la Audiencia Nacional, ya estaban sobre aviso de ciertos comentarios sobre García Castellón en redes, ahora lo que einvestigan son los mensajes que podrían constituir delitos de odio y amenazas. Amenazas tales como:
«Hablar de agredir a un cabrón de juez por sus ideologías del PP es la mejor solución».
Está claro que los socialcomunistas no entienden qué es la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que significa que si el judicial debe actuar, el resto debe abstenerse. Las principales asociaciones de jueces se han pronunciado demandando respeto a la independencia judicial, entre las que se encuentran Jueces y Juezas para la Democracia, con haber dicho jueces tenían bastante, lo que hacen oncluyendo el femenino es precisamente crear una diferenciación entre sexos, pero eso sí, están a la moda con el llamado lenguaje "inclusivo", que lo que viene a hacer es crear más diferencias, porque el genérico unifica y la separación y mención de ambos sexos, divide. Bien, pues la portavoz de esta asociación es Ascensión Martín que en persona pedía «respeto a las decisiones judiciales».
Está claro que la justicia no siempre es justa, por lo que llevamos visto, determinadas sentencias son para reir por no llorar, sin embargo hay que presuponer que el juez es un buen trabajador y va a realizar bien su trabajo, aunque hay algunas personas que deberían ir directamente a la cárcel por las sentencias que pronuncian. Los jueces deberían ser auditados frecuentemente. Pero, dicho esto y, en declaraciones al diario ABC, el portavoz Jorge Fernández Vaquero, de Jueces Francisco de Vitoria, destacó que existe la mala costumbre de cargar contra un miembro de la judicatura o en pleno contra el sistema judicial cuando se está disconforme con un pronunciamiento, normalmente, «para desviar la atención», dice. «Una cosa es discrepar y otra tratar de sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez o incluso sobre los jueces en general. Son comportamientos que trasladan a la ciudadanía dudas sobre la independencia del juez y eso, es atacar la independencia misma».
Este proceder amenazante es de «gravedad», pues en realidad lo que hacen, según expresa, es tratar «de coaccionar la actuación de un juez al represaliar sus actuaciones», son «comportamientos impropios de una sociedad democrática».
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura inciden en que una cosa es la crítica legítima de la actuación de un juez y otra cosa muy distinta y, como representante de un partido político, es «confundir interesadamente» la crítica con la descalificación. Esto es un ataque a la independencia de los jueces.
Con todos estos manejos el social