Después de nuestro último artículo sobre:
Cuándo pueden intervenir las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad territorial de España
trataremos un caso que nos dice hasta qué punto se está respetando a las fuerzas de seguridad en España. Se trata de los 27 policías y un guardia civil que irán a juicio procesados por las cargas del 1-O en Gerona, por lesiones o lesiones leves y, al parecer, se descarta hacerlo por delitos de torturas o contra la integridad moral, ya sería el colmo.
Uno de los grandes problemas de España es que las fuerzas de seguridad no se pueden mover, no se pueden defender, de acuerdo que se regule para que no haya abusos por parte de quienes ostentan poder sobre la población, a la que deben proteger, pero de ahí a que cuando se defiendan se vean en los tribunales por delitos abominables, va un abismo.
La Vanguardia presenta esta fotografía como escena de las cargas en Gerona, en l'Escola Verd.
En esta otra se ve la desproporcionalidad de fuerzas, en la que unas ordas incontroladas cargan contra las fuerzas del orden
La fotografía, aunque no es muy buena, sí que es representativa para ver la carga de parte de quien viene. No hay que ser perito judicial para ver en esta foto, que refleja la realidad de lo que pasó, que las cargas venían de parte de los insurrectos, de las ordas golpistas, separatistas, secesionistas, los terroristas callejeros que acorralaban a la gente de bien y a las fuerzas de seguridad con el fin de someterlas por medio del terror. Así, como en la famosa Rebolución Francesa, que tan buena prensa parece tener, la supuesta libertad, igualdad, y legalidad se impuso a golpe de terro, a golpe de guillotina, contra quienes no pensaban igual. Cuando no se es mayorái, cuando no se tiene la razón, se suele formar escándalo y "levantar excesivamente la voz" para dar un golpe de efecto contundente que palie lo que la razón no les concede.
El juzgado de instrucción 2 de Gerona lleva a juicio, por las actuaciones contra los terroristas callejeros, en diferentes colegios de Gerona y en Aiguaviva, localidad próxima, a 27 de policías nacionales y un guardia civil por las cargas del 1-O. El juzgado tampoco les atribuye responsabilidad ninguna por funciones de mando.
Han sido archivadas
- las denuncias sobre las cargas en el pabellón de Sant Julià de Ramis, lugar en el que debía votar el que entonces era presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont,
- y también todas aquellas en las que no se han identificado a los agentes, como las de Pedret o en el Centro Cívico Ernest Lluch.
- a esto, los abogados voluntarios responsables del impulso de la querella colectiva, ahora estudian la posibilidad de interponer recurso ante la Audiencia.
Una sola resolución para nueve piezas
El juzgado de instrucción, en general en todos los casos, para discernir los policías que podrían haber cometido algún delito, usa siempre la misma tesis y es que:
- los denunciantes "sufrieron lesiones que no requirieron ni tratamiento médico ni quirúrgico, sino una sola asistencia facultativa".
- Y afirma que los antidisturbios tuvieron siempre una actuación "proporcionada a las circunstancias" ya que, en la mayoría de los colegios, los violentos a favor de aquella ilegal votación intentaron siempre "entorpecer la labor policial".
- El juzgado procesa solamente a los policías que han sido identificados como autores de lesiones concretas
- y descarta la existencia de "una pauta de actuación común" de las distintas unidades de antidisturbios,
- resuelve pues que no existe responsabilidad penal de los mandos que ordenaron las cargas.
Parece que los separatistas pensaron que podían aplastar a las fuerzas de seguridad sin ninguna respuesta a cambio, respuesta que debería poder ser más contundente pues existen ocasiones, como el caso que nos ocupa, QUE LO REQUIEREN.
La resolución se redacta contraponiendo lo declarado por los separatistas partidarios de la votación ilegal, que decían que hicieron una "resistencia pasiva", aquí tenemos muestras de la resistencia "pasiva" que dejeron ejercer:
con lo dicho por los policías, que describen haberse encontrado un clima "hostil", "violento"y de "rabia", asegurando haber dado respuesta "adecuada y proporcionada".
En el Pabellón de Sant Julià de Ramis, denuncian lesiones 34 partidarios de las votaciones ilegales, en intervenciones en las que intervinieron unos 137 guardias civiles.
Resuelve el juzgado según los informes que obran en su poder y que sirven de prueba de cargo, que
- los agentes se encuentran "con una masa organizada que opuso fuerte resistencia a su labor"
- y que la Guardia Civil empleó "la fuerza mínima imprescindible para cumplir con su función"
- la actuación llevada a cabo fue "con un respeto escrupuloso a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".