La Audiencia sevillana ha considerado que los ex presidentes andaluces eran "conscientes de la palmaria ilegalidad" que suponía el desvío de fondos objeto del caso ERE.
EL MUNDO fue el medio de comunicación que destapó el mayor caso de corrupción. Ahora la sentencia de los ERE impone seis años de cárcel a José Antonio Griñán y para Chaves inhabilitación. Son distintas las reacciones ante la sentencia de la mayor causa de corrupción abierta en España.
El Gobierno y el Grupo PSOE se resguardan en el respeto a la sentencia.
El gobierno de Griñán y el de Susana Díaz no colaboraron con la investigación judicial de los ERE, que complicaron las negociaciones del PSOE.
El caso ERE dejó ver la cara menos pulcra del PSOE Corrupción: Cocaína, grabaciones y "dinero para asar una vaca".
Manuel Chaves y José Antonio Griñán dos ex presidentes socialistas, en su día presidentes de la Junta de Andalucía, así como la ex ministra con el "gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez; ´más otros 16 individuos que fueron altos cargos de los gobiernos socialistas, entre los que se encuentran 6 ex consejeros, como Álvarez, crearon en Andalucía un sistema ilegal con el objeto de disponer y otorgar cientos de millones de euros a discreción, concretamente 679, saltándose controles y normas al completo para "apagar los fuegos sociales que en aquella época, a partir del año 2000, amenazaban la hegemonía del PSOE en uno de sus feudos" (según publicó El Mundo).
Este sistema adolecía de publicidad y concurrencia, las subvenciones se daban a discreción, sin que en ello primase el interés público, sino el de las empresas perceptoras de estos fondos de ayudas.
Todos los condenados por el caso ERE afirmaron ser conscientes de su "palmaria ilegalidad".
De los 21 acusados encausados sólo se han salvado dos, ha quedado probado que los ERE fraudulentos, tal y como se denomina el hecho en la causa es algo bastante simplificado de lo que en realidad y en su totalidad sucedió. Destaca la sentencia que:
"La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto".
El ejecutivo socialista fue quien aprobó infinitas modificaciones presupuestarias para poder dar cobertura al ilegal procedimiento que permitió el manejo del dinero sin que se diese cuentas a nadie.
La sentencia se conoció el martes 3 de febrero tras once meses de que finalizara el juicio y despeja toda duda sobre la implicación de los dos ex presidentes y de la misma se desprende que todo fue aún más allá pues la decisión de conceder estas ilegales ayudas fue "del Gobierno en su conjunto" y la decisión "partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones".
La Audiencia Provincial de Sevilla llega a la conclusión de que el sistema fue diseñado por la cúpula de la Consejería de Empleo, estando en la cúspide los ex consejeros de Hacienda, que en el momento fueron Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán; y el presidente del ejecutivo andaluz 19 años, Manuel Chaves, razón por la cual la Audiencia les condena a penas desde la inhabilitación a la cárcel por delitos como de prevaricación y/o malversación de fondos.
- Chaves ha sido condenado a pena de nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación
- Griñán, sucesor de Chávez ha sido condenado a seis años y dos días de prisión, más 15 años de inhabilitación
- Magdalena Álvarez, ex consejera de Hacienda y ex ministra de Zapatero, se la condena por prevaricación a nueve años de inhabilitación.
Magdalena Álvarez
Frente a la versión dada por Chaves de no estar al tanto del detalle de estas ayudas, no es considerado en absoluto creíble por los magistrados
- Juan Antonio Calle
- Esperanza Gómez y
- Pilar Llorente
Según los jueces es "lógico" que la modificación en el procedimiento de concesión de ayudas, que permitió esquivar la fiscalización, la tuvo que conocer el presidente del ejecutivo andaluz sin lugar a dudas, además tuvo que contar con la aprobación del mismo y, en la realidad fue así. El presidente de la Junta de Andalucía presidía el consejo de gobierno que dio visto bueno, pero además, les a los tres magistrados citados, parece "impensable" que un cambio de tal calado de las normas pudiesen decidirlo por su cuenta los consejeros de Empleo y de Hacienda.
Cháves y Griñán
Tampoco se cree el tribunal al ex presidente cuando afirmó que no le llegaron las advertencias de la Intervención y lo mismo con las cartas y denuncias que le llegaron a su despacho en San Telmo.
Por lo que respecta a Griñán, su participación se concreta en la propia elaboración de los presupuestos en los que se incluía la financiación de las ayudas, en el conocimiento del procedimiento irregular, las transferencias de financiación, y en que le llegaron las advertencias de irregularidades de la Intervención e hizo caso omiso.
Otros cinco ex consejeros han sido igualmente condenados en virtud de la resolución de la Sección Primera de la Audiencia sevillana que supone un durísimo golpe para el PSOE, que ha recibido la mayor condena por corrupción en la historia de la democracia española.
Los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera también irían a la cárcel de ratificarse la resolución -el Tribunal Supremo tiene la última palabra-, que les impone, al primero, siete años,11 meses y un día de prisión, y al segundo siete años y un día, aparte de la inhabilitación.
La misma pena le imponen los magistrados al ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo. Y un año menos de cárcel recibe la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves y que llegó a ser su vicepresidente, es inhabilitado durante nueve años.
En el escalón inmediatamente inferior se sitúan los directores generales y ex viceconsejeros, con Francisco Javier Guerrero, el ex director de Trabajo que tenía la llave de la caja de los ERE, y quien le sucedió en el cargo, Juan Márquez. A ambos se les condena a siete años, además de inhabilitación por 19 años y medio y 18, respectivamente.
El origen de todo: Hijos de Andrés Molina S.L.
El sistema, sencillo dentro de su complejidad, consistía en sofocar los conflictos laborales financiando expedientes de regulación de empleo de manera irregular, a escondidas, y beneficiando a determinadas empresas. Y siempre de forma consciente, sabiendo que lo que hacían era sencilla y llanamente ilegal. Por si fuera poco, y tal y como recoge la resolución en sus más de 1.800 páginas, "un importante número de desempleados se vieron privados de las ayudas".
Simplemente, esas ayudas no se publicitaban y tampoco tenían unas bases reguladoras que marcaran los requisitos para ser beneficiarios. Para la inmensa mayoría de las empresas y de los trabajadores ni siquiera existían, de manera que se vieron abocadas a efectuar recortes en sus plantillas, en el primer caso, y se vieron en el paro, en el segundo.
La sentencia aporta un dato que permite hacerse una idea de la magnitud del fraude y de los perjuicios que causó. Entre los años 2000 y 2009, cuando funcionaba el "fondo de reptiles", se registraron en Andalucía 9.461 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 120.829 trabajadores. Sin embargo, el dinero que repartía la Agencia IDEA por orden del director de Trabajo Javier Guerrero sólo alcanzó a 6.000 trabajadores en 270 expedientes de regulación de empleo, a lo que hay que sumar la presencia de intrusos, de beneficiarios que fueron incluidos en los ERE de algunas de esas empresas, sin que jamás hubiesen estado empleados en ellas.
La Audiencia de Sevilla sitúa el origen de todo el entramado y delitos en las ayudas que en 2000 dio la Junta a la empresa Hijos de Andrés Molina SA, empresa cárnica jiennense, en forma de subvenciones excepcionales. Esto chocó con los reparos de la Intervención, que lo rechazó y, entonces el Gobierno de Chaves cometió la legalidad.