Tanto graznar y graznar contra el rey Juan Carlos I y el Tribunal de Cuentas ha detectado enormes irregularidades en la contabilidad de Podemos referidas a las elecciones generales del pasado día 28 de abril de 2019.Al parecer y según informa el propio Tribunal de Cuentas se trataría de un pufo de 425.000 euros que el partido de Iglesias no habría justificado de forma correcta o que no tendrían naturaleza electoral, a pesar de que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante la convocatoria.
De esos 425.000€, serían 290.727 euros los que para el Tribunal de Cuentas «no tienen la consideración de gasto electoral», que cita el art. 130 de la LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se especifican las actividades susceptibles de recibir en campañas electorales dinero público.
A criterio del Tribunal de Cuentas, Unidas Podemos habría intentado repercutir como gastos subvencionables diversos contratos de asesoramiento y/o consultoría política, siendo que este tipo de actividades, en ningún caso, figuran entre los supuestos fijados por la LOREG.
Según la ley los gastos imputables a procesos electorales son acciones de propaganda, correspondencia
electoral, alquiler de coches y locales para celebrar mítines; la remuneración del personal a contratar por los partidos para
actos de campaña.en sus alegaciones Unidas Podemos esgrime que los gastos de asesoramiento eran «servicio imprescindible» por concurrir en coalición de partidos.
Dicen también que los gastos de consultoría para elaboraron las líneas maestras de campaña o el análisis de candidatos también deberían ser subvencionables, pero el Tribunal de Cuentas persiste en su negativa amparada en la LOREG:
«La elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la Loreg».
Según adelantan ABC y El Mundo otros 133.100 € se corresponden con facturas injustificadas por U. Podemos, estas facturas se refieren a contratos con los conceptos de «cobertura gráfica y audiovisual» y «spots publicitarios» durante la campaña.
El Tribunal de Cuentas considera la contabilidad como incorrecta pues el partido no especifica con detalle ni en qué actos se usaron dichos servicios ni tampoco los medios humanos o materiales utilizados; y denuncia del Tribunal de Cuentas que no queda acreditada «la efectiva participación del proveedor en los actos electorales».
Por otra parte el Tribunal de Cuentas igualmente se detiene en otra irregularidad, un contrato de 363.000 y durante el proceso de revisión el Tribunal de Cuentas solicitó a U. Podemos aportara presupuesto detallado desglosado de los servicios contratados para valorar cada uno de los conceptos de facturación. Y:
«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019», dice el Tribunal de Cuentas.
Ese contrato no hace valoración individualizada de los servicios contratados y alerta que la empresa proveedora fue inscrita en el Registro Mercantil sólo días antes de sellar el contrato, día 19 de marzo de 2019, San José, patrón de los carpinteros y de los trabajadores en general.
Según la inspección del Tribunal de Cuenta el objeto social de esa empresa «no coincide con las prestaciones contratadas».
Según el abogado purgado de Unidas Podemos, -José Manuel Calvente-, ha expresado a través de su twitter ese contrato correspondería a un acuerdo con una empresa consultora, Neurona, vinculada con el régimen chavista. Unidas Podemos habría recurrido a la misma en la campaña del 28 de abril de 2019.
El Tribunal de Cuentas encuentra deficiencias generalizadas e incumplimientos en las cuentas de distintos partidos, que se podían sancionar teniendo en cuenta la Ley de Financiación de Partidos.
En su último informe sobre las cuentas de los partidos que reciben subvenciones públicas, cuestiona la representatividad de las mismas. El informe señala que la práctica totalidad de los partidos (todos salvo dos, imaginemos cuales son) presentaron salvedades que inciden en la representatividad de sus cuentas, que no reflejarían adecuadamente su situación financiera y patrimonial. Igualmente se observaron limitaciones al alcance fiscalizador en ocho partidos que no habían informado la contabilidad electoral de su organización o de algunos partidos coaligados.
Para presentar sus cuentas algunas formaciones como U. Podemos tardaron dos años y medio en el caso de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común; Izquierda Unida, acumuló seis meses de demora.
Fuentes: ABC, El Mundo