La injusticia laboral que viene desde el propio Estado y las empresas. Delito por praxis anticonstitucional
Esta injusticia laboral que viene desde el propio Estado y las empresas, se hace cada vez una carga más pesada, un delito por praxis anticonstitucional que incumple la garantia del derecho y deber al trabajo de todo ciudadano español.
No le echemos la culpa a la crisis covid 19 ni a la crisis económica en la que nació la pandemia, ni a la anterior, tampoco a la anterior, es vergonzoso ver como se ha convertido en una dinámica que se hace presente a través del tiempo. Los mayores de 45 años no tienen cabida en el mundo laboral, no hablemos ya de los mayores de 55. Parece como si existiera un complot contra el trabajador que ha dedicado toda su vida a su profesión, a su vocación y, ahora, cuando más falta le hace la seguridad es cuando más inseguro se encuentra.
Hay quienes se llevan toda su vida laboral buscando una estabilidad que no encuentran.
No se entiende por qué el gobierno abrió con tanta alegría las puertas de la universidad y de los estudios a todo el mundo, quizás porque así conseguía más incautos a los que engañar. Resulta que la dinamica es como sigue: eres jóven, te llaman del INEM, entras en una empresa o en un proyecto; como no interesa crear estabilidad laboral, a los tres años o te hacían fijo o te despedían o no te recontrataban. Los universitarios sin oposiciones (y las oposiciones son una mafia en la que la excepción confirma la regla) están sujetos al albur de los vientos, contratos van y vienen sin larga duración, solamente mientras dure el proyecto. Cuando eres joven, es decir antes de los 30 no hay mucho problema, el problema se va incrementando según se asciende en edad, las distancias entre contrato y contrato se distancian hasta que un universitario, un trabajador, llega a estar años sin trabajar. Con este sistema, el Estado que tendría que asegurar el derecho constitucional al trabajo a todo ciudadano no solo incumple este cometido sino que se asegura no tener que pagar la pensión que por titulación, méritos y servicio al país muchos trabajadores deberían recibir, méritos que quedan en el anonimato demasiadas veces. El trabajador no acumula los prescriptivos años laborales cotizados en Seguridad Social y tampoco, en muchos casos, por distintas circunstancias, tiene paro, subsidios o ayudas que le ayuden a subsistir. Si tiena ahorros llegará un día que éstos se terminaran, si no los tiene porque ha vivido al día o se le terminaron ya, está condenado al ostracismo, se posiciona en la marginación social, no puede gastar porque no tiene, no tiene porque no obtiene un trabajo o un trabajo lo suficientemente digno como para permitirle subsistir. Esta es la explicación de que haya tantos sin techo con carreras universitarias, con experiencia y cualificación que ya la quisieran para sí los enchufados de turno. Y consideremos enchufados a los que tienen un puesto, relevante incluso, sin merecimiento alguno, simplemente por el favor de alguien.
La crisis incrementa estas prácticas delincuentes, se convierte en una sangría laboral para las personas mayores de 55 años, personas en la plenitud de su vida y cuando más pudieran aportar a la sociedad, si los dejaran, claro. Aunque algunos se revuelven como gato panza arriba y luchan, para mantenerse cuerdos, para seguir siendo fieles a su vocación, trabajan aunque no cobren, siguen siendo útiles a la sociedad pero gratuitamente, sin honores, sin salarios, sin consideración, sin esperanza de ser contratados.
Cuatro de cada 10 trabajadores según las estadísticas se jubilan antes de los 65 años. La crisis acelera la tendencia a despedir a los trabajadores en función de la edad. Si las empresas realmente se dieran cuenta del capital humano y el valor que pierden siguiendo esta tendencia, de seguro, no lo harían.
Las probabilidades de recolocación de las personas mayores de 55 años son infinitamente menores que las de los mayores de 45 e infinitamente menores que los trabajadores en la treintena de su vida. La crisis golpean a todos, pero no a todos por igual.
Lo que reflejan los datos atendiendo a los informes EPA, es que hoy por hoy 496.600 trabajadores entre 55 y 64 años están en paro, el 12,5% de la población activa y por activa nos referimos en edad laboral.
El 43% de estos trabajadores llevan en paro dos o más años, incluso seis. Son desempleados de muy larga duración con probabilidades de reinserción laboral muy reducidas.
En algunos casos son víctimas de la cualificación profesional, en plena transformación de la economía que camina hacia un nuevo entorno digital. Pero fundamentalmente son víctimas porque en España se sigue esta moda de hacer ajustes en función de la edad o del salario, normalmente las nóminas de los mayores son más elevadas o las nóminas de los trabajadores muy cualificados deberían ser más elevadas, es por esto que muchas empresas ahorran costes obviando a estos colectivos.
El paro entre los jóvenes es de menor duración siempre que el paro en mayores. La moda de despedir o de no contratar en función de la edad se ha instalado y ha echado demasiadas raíces en España, en el conjunto del sistema productivo, especialmente en las grandes empresas, una práctica habitual que incluso cuenta con el beneplácito de los comités de empresa.
Es una verdadera vergüenza que Airbus, Indra o Banco Sabadell, hayan cerrado acuerdos para despedir en función de la edad con los sindicatos, este proceder afianza la antifilosofía de las jubilaciones anticipadas.
Las reconversiones industriales, en origen, durante de los años ochenta del siglo XX, se pensaron como herramienta extraordinaria para la resolución de situaciones complejas, se pensaron como una reestructuración por obsolescencia de la capacidad instalada, nunca como mecanismo permanente de reestructuración o ajuste laboral.
El reciente "Pacto de Toledo" viene a recomendar que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”, “Respetando” “los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de personas con carreras de cotización precarias”. Por lo tanto, no se tiene en cuenta si el trabajador tiene una edad como para ser considerado productiva o laboralmente mayor (55 en adelante).
Las cifras de la Seguridad Social corroboran este ajuste permanente hecho en función de la edad, pese a decir lo contrario el discurso oficial, que habla de prolongar la edad de jubilación.
Es indecente que esto esté sucediendo en nuestro país. Entre enero y agosto de 2020, según los datos que maneja el Pacto de Toledo, se jubilaron en España 171.517 personas:
- de ellas 65.629 lo hicieron de forma anticipada.
- Por tanto, el 38% habría abandonado su empresa sin llegar a la edad legal de jubilación.
- el 71% lo hizo bajo coeficiente reductor, mecanismo utilizado la Seguridad Social para penalizar las jubilaciones anticipadas.
Las jubilaciones anticipadas involuntarias son las que se producen a edad inferior a la legal como consecuencia de reestructuración laboral empresarial que impide la continuidad de la relación laboral, esto es:
- un despido por causas económicas,
- técnicas,
- organizativas
- o de producción.
Con este sistema la Seguridad Social se beneficia, por eso la injusticia no se termina. El número de años de anticipación sobre la edad ordinaria puede ser de cuatro como máximo, cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación lleva un coeficiente reductor que viene a disminuir la cuantía de la pensión a percibir por el trabajador jubilado.
Se exige una cotización de 33 años, al menos, para tener derecho a este tipo de jubilación.
La cuestión es que las empresas prefieren despedir a trabajadores que tendrían o deberían tener nóminas más elevadas, generalmente con contrato indefinido, optando por la contratación de jóvenes que entran en la parte baja del convenio colectivo y que tienen, en muchos casos, un contrato temporal.
Para hacernos una idea más clara y siguiendo la Encuesta de estructura salarial, elaborada por el INE, Instituto Nacional de Estadística, el salario bruto de los trabajadores con edades entre 55 y 59 años sería en el año 2018 de 27.948 € de media, mientras que los trabajadores con rango de edad entre los 20 y 24 años ganaron 12.914 euros.
La estrategia de despedir en función de la edad responde al ahorro de costes que produce enormes distorsiones en el mercado laboral, porque lo que en realidad hace es desincentivar la inversión en capital humano. Esto es: el país pierde valor, se empobrece porque desperdicia un capital laboral humano insustituible, del que el resto de los trabajadores de seguro tienen mucho que aprender, su labor es segura dada su experiencia, su diligencia está garantizada porque constantemente está obligado a competir con la fuerza nueva de los trabajadores jóvenes y con el progreso.
Esta maliciosa práctica tiene efectos perniciosos, produce una sustitución que margina a la experiencia o la lealtad a la empresa.
Los despidos en función de la edad producen un efecto sustitución que margina factores como la experiencia o la lealtad a la empresa.
En Estado y la Seguridad Social por querer ganar pierden, la sangría afecta no solo individualmente a los trabajadores expulsados del mercado laboral en estas edades avanzadas por ser un colectivo de muy difícil recolocación, sino que también perjudica a la propia Seguridad Social. Reconoce el Pacto de Toledo que: “pueden considerarse cargas financieramente impropias del sistema contributivo las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades”.