Gobierno y ad lateres, Fiscalía, Venezuela. El Poder Judicial debe ser independiente y ejercer como tal

 


El bufete de Baltasar Garzón en concepto de «coordinación con la Fiscalía en España», factura nueve  millones a Venezuela. De la noticia se ha hecho eco TheObjetive y al parecer el contrato habría sido suscrito en el año 2016, estando aun vigente y comprometiendo a Dolores Delgado, actual pareja del exjuez Garzón y actualmente la fiscal general del Estado. 


Foto: Europa Press

El bufete de Garzón, del cual es su administrador único se intitula Ilocad; y habría sido el exjuez Baltasar Garzón contratado por la petrolera estatal venezolana, PDVSA, para llevar a efecto distintas tareas como la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial» según el documento al que el citado diario dice haber tenido acceso en exclusiva.

La empresa venezolana PDVSA contrató al despacho de Garzón por un precio de 8,8 millones de euros para llevar a cabo en España acciones legales contra proveedores de su filial Bariven a la que acusaban de supuestos delitos por fraude y por cohecho. 

Entre las misiones encomendadas por PDVSA al despacho Ilocad estaba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España». Esto es algo que afecta de forma directa Dolores Delgado, que al presente es la pareja de Garzón, la actual fiscal general del Estado, porque el bufete madrileño sigue representando en la misma causa a PDVSA.

El documento está datado en 15 de noviembre de 2016 y es la autorización formal que emite PDVSA para contratar servicios en Ilocad. Eulogio del Pino rubrica el documento, dándose la circunstancia de que este directivo de la petrolera está acusado de corrupción en Venezuela y pendiente de juicio allí.

Se desprende de estos hechos que:

• La noticia salpica a la fiscal general del Estado, ya que ella es la máxima responsable de los fiscales frente al bufete Ilocad, ya sea como acusación o como defensa, en cada proceso en el que participan los abogados del mencionado despacho. Sería también el caso de ‘Tándem’ o la causa de PDVSA. 
• Delgado en algunas ocasiones ha advertido que no se entiende «concernida», parte interesada, tampoco cree que deba apartarse por afectación que pudiera ser directa o indirecta en el ‘caso Tándem’
• El caso Tándem investiga las actividades de José Manuel Villarejo, el excomisario, por la relación personal que tiene con Garzón. 
• Pero sin embargo un fiscal de Tándem sí fue apartado, por la cúpula de la carrera que preside Delgado, siendo acusado de mantener una relación personal con una abogada y filtrarle a esta información, aunque la inspección tachase todo aquello de conjeturas sin apreciar irregularidades en su comportamiento.

El trabajo encargado al despacho de Garzón se estimó en 8.835.000 euros, que desglosados para su pago serían:

-1.650.000 € asistencia a la preparación y presentación del poder para pleitos.

-2.105.000 € preparación y presentación de demanda.

-1.980.000 € coordinación con Fiscalía y Tribunales españoles para agilizar trámites y avances del proceso. 

-3.100.000 € preparación de la acusación e incoación del juicio en España.

A mediados de 2017 fue presentada la querella por Ilocad aportando un listado de 2.600 contratos,  2.000.000.000 $ que fueron otorgados a Roberto Rincón y a Abraham Shiera por Bariven. 

Precisaban autorización de PDVSA, matriz de Bariven, las contrataciones de mayor monto, según indicaciones de los escritos sumariales. 

La juez, con el apoyo de la Fiscalía, requiere hace unos doce meses esa documentación, por ser esencial para esclarecer quién dio la orden de pagar a los proveedores sospechosos, pero la petrolera sigue sin entregarla un año después de la requisitoria.

En los documentos están las firmas de Eulogio del Pino, del presidente Nicolás Maduro y del primo de Chávez Asdrúbal Chávez. Todos fueron miembros de la dirección de PDVSA, siendo el periodo investigado los años que van de 2005 a 2014. 

El bufete de Garzón entregó como prueba las atribuciones legales de la junta directiva de la petrolera PDVSA, algo que podría volverse contra PDVSA. 

Entre las atribuciones estaba la autorización de la celebración de contratos. 

El juzgado ya tiene algunos ejemplos de autorizaciones por parte de la dirección de PDVSA de compras de Bariven. Pero la falta de entrega de la documentación solicitada estanca el proceso ya que los interesados podrían ser investigados. 

La juez no tiene pruebas de quién firmó las compras millonarias sospechosas.

Según la orden de pago a Garzón, Del Pino se encargaría de que el procedimiento penal contase con el aval y con el soporte de la Contraloría general de la República y de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Estos requisitos para ejercer por parte de PDVSA acciones penales no habrían sido nunca reflejados en la causa, promovida en exclusiva por el bufete que contrató Del Pino. 

Maduro no aclara esta causa que fue financiada por un directivo de dudosa credibilidad que ha puesto en entredicho a la Justicia de su país y que tejía la querella en capilla de su detención.
 

Extradición del ‘Pollo’ Carvajal

Segumos con los puntos que destacábamos antes puesto que:

• La causa judicial de PDVSA tiene más implicaciones puesto que la Justicia de España ha de decidir sobre la  extradición posible de Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. El Pollo Carvajal, poderoso exjefe de inteligencia venezolana. 
• El Pollo Carvajal es maestro de espías y también
  
• conoce contratos clave de PDVSA, tales como los obtenidos por Ilocad de Venezuela o de sus empresarios afines. 
• Hace años atrás Ilocad participó en la defensa del Pollo Carvajal con el fin de evitar su extradición a USA por narcotráfico, algo que fue ratificado por 
• el mismo despacho, 
• el entorno del exalto cargo chavista 
• y el mecenas venezolano que sufragó su minuta.

   Hugo Carvajal

• Hugo Carvajal parece que tiene -según dice- documentados oscuros negocios que se vinculan a la coalición que hoy gobierna España. 
• Si Carvajal quisera aportar pruebas en España de los negocios turbios que salpicarían al actual Gobierno, la Justicia española debería determinarse como procede, honesta e independientemente.
• No investigar las denuncias de Hugo Carvajal haría pensar que se favorece a Maduro, presidente de un régimen "amigo" y cliente de bufetes poderosos. Lo de amigo es por los amigos que tiene en el gobierno socialcomunista de España, recuerdense los casos
• Delcygate, 
• Plus Ultra, 
• Caso Morodo, 
• subvenciones millonarias a la fundación embrión de Podemos…

 

Paradójicamente, Delgado como fiscal y Garzón como abogado reclamaron que no se extraditara a Hervé Falciani a Suiza, donde estaba condenado por sustraer y divulgar información bancaria, precisamente porque ayudaba a esclarecer delitos colaborando con la Justicia española. Ahora Carvajal quiere ser Falciani, pero la Fiscalía abandera su extradición.

El general está dispuesto a demostrar que tiene material para merecer ser un testigo estrella de casos de corrupción en España. Y quiere desvelar qué intereses (políticos, diplomáticos o jurídicos) pueden concitarse para favorecer su salida de España, inicialmente denegada por los tribunales en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Nacional veía vaguedad en sus acusaciones e incluso intencionalidad política.
Detenido por corrupción

Sobre el contrato de Ilocad para perseguir en España fraudes a una filial de PDVSA sobrevuela otro hecho llamativo. A Eulogio del Pino, directivo de la petrolera autor de su fichaje, le detuvieron e imputaron en Venezuela por los delitos de peculado doloso (funcionario que aprovechando su cargo se apropia o utiliza indebidamente bienes públicos), concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir, uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.

También fue investigado, según la prensa venezolana, por el sabotaje en la empresa mixta ruso-venezolano Petrozamora, con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo desde 2015 al 2017, periodo en el que registró pérdidas por 15 millones de barriles, así como más de 500 millones de daños patrimoniales en relación a la compra de material para la empresa mixta. En febrero de 2021, un tribunal caraqueño ordenó la apertura de juicio contra dicho exdirectivo de PDVSA.

Por otro lado, el bufete de Garzón también defiende a Alex Saab, presunto capo de la corrupción de Maduro según EEUU y la exfiscal general venezolana. El Gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab en Cabo Verde como un «secuestro», mientras que Garzón lo considera «una ilegalidad absoluta».

La Justicia de España nunca ha estado en una posición más comprometida por las implicaciones que el Gobierno de España tiene, al menos en potencia o presuntamente. Veamos este vídeo que sigue: