El Gobierno socialcomunista siempre al filo de la navala, el «peaje» medieval de las autovías que prepara seguramente es inconstitucional
El Gobierno socialcomunista siempre al filo de la navala, el «peaje» medieval de las autovías que prepara seguramente es inconstitucional. Esto es como aquel chascarrillo que surgió hace una década para denunciar los atracos que se perpetran contra el bolsillo del ciudadano por Hacienda, @@. Lo que viene a ser traducido " a robar, a robar y punto.
El Gobiern onecesita dinero y no está dispuesto a prescindir de los que sobran en él ni a bajarse los sueldos, ni a prescindir de las pensiones vitalicias..., larguísimo etc, demasiado largo paa los sufridores ciudadanos.
La finalidad del medieval peaje, según esgrimen, sería que la conservación de las vías sea a costa de los efectivos sus usuarios y que no sea a cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
¿Pero entonces el Estado para qué está, para que el Gobierno utilice su poder para obligar a pagar friendo a tasas e impuestos a la ciudadanía?.
¿Para qué se paga el impuesto de circulación, la ITV, el seguro..., no es suficiente con poner aparcamientos de pago dentro de la ciudad a la que está vinculado tu vehículo, no es suficiente con poner aparcamientos de corta duración con los operarios de turno a los que les gusta una denuncia más que a los locales una multa.
El Gobierno socialcomunista que tanto dice luchar por el ciudadano, ha confirmado que se establecerá un «sistema de tarificación» por usar vías de
alta velocidad. Este sistema se pretende desarrollar en los próximos meses y se pretende ponerlo en marcha -y nunca mejor dicho-, a partir de 2023 y 2024.
Se justifica el Ejecutivo diciendo que la iniciativa está plenamente implantada en muchos paises de Europa. Pero la realidad dista algo de lo que asegura el Gobierno peusto que en Francia, el pago se hace solamente en el 1% de su red nacional; en UK tan solo existen 23 peajes en todo el país y solo en tramos especiales; por lo que se refiere a Italia, las autovías todas son totalmente gratuitas y solo se paga por las autopistas; mientras, en Alemania existen algunos peajes que existen puntuales en puentes y en túneles para vehículos pesados; por su parte el vecino Portugal, tienen un sistema que es el que, según parece quiere copiar el Gobierno socialcomunista español.
Pero en Portugal, tras once años de pagos en las autovías, las críticas no cesan, ya se han rebajado por tercera vez las tarifas, a pesar de que sigue siendo insuficiente el monto recaudado para mantener su conservación. Las ciudades más turísticas se oponen porque frena la captación de visitantes mientras que los pueblos ubicados más aislados del interior, ven los peajes medievales como una barrera más a su desarrollo.
En España
- los conductores exigen que no se imponga esta tasa tras la subida del precio del combustible, estando además inmersos todavía en la crisis post covid.
- los transportistas reclaman que la medida no les afecte
- supondría una pérdida de competitividad en la economía española
- encarecería los transportes.
- ciudadanos que no tienen vehículo particular y que usan con frecuencia el transporte público, dicen que debe primar el principio de que “quien usa paga y quien contamina paga”. Pero están olvidando que esa tarifación que se impusiera a los transportistas, acabaría repercutiendo en el precio final de los productos que consumimos todos los ciudadanos.
Cabe preguntarse si se puede imponer, aunque sea desde el Gobierno, una tarificación, peaje, tarifa, portazgo, por el uso de una vía que es pública. Pero cuando cobran por vivir en tu porpia casa, vivienda en propiedad, qué no serán capaces de hacer...
Las autovías en las que pretenden poner peaje son vías de gestión pública y se construyeron y se mantienen con los impuestos de todos los ciudadanos.
Actualmente, los ciudadanos sufragan varios impuestos asociados a la conducción
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, dedicado al mantenimiento de las vías urbanas
- el impuesto especial de hidrocarburos
- el impuesto de matriculación
Con estos impuestos recauda el Estado unos 20.000 millones de euros al año, sin contar con otros ingresos indirectamente asociados a la conducción como son:
- las multas que se recaudan,
- el IVA aplicado a la inspección obligatoria de las ITV, etc.
Hay que saber, según publica Economist&jurist, que de la recaudación directa anual de más de 20.000 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación y de hidrocarburos, solamente se destinan 1.400 millones de euros, en los Presupuestos de 2022, para el mantenimiento de las Autovías.
Según publica la mencionada revista, si estos impuestos fuesen conceptuados de forma parcial solamente como “ingresos finalistas”, ingresos con los que se financian gastos de forma directa y específica, siendo este el caso del mantenimiento de las carreteras, no haría falta imponer el sistema medieval de peajes en autovías, habría recursos más que suficientes para atender el gasto. Así que de lo que se trata es de una mala gestión gubernamental que como siempre, las consecuencias, recaen y pesan sobre el ciudadano, que ya está harto de tanto impuesto, la mayoría ilógicos.
- No sería necesario ingreso alguno extra del Estado si se hiciese una adecuada asignación de los recursos públicos y destinando solamente una parte de los impuestos recaudados a es fin.
- Tampoco vale el argumento de que se pague por el uso ya que el contribuyente en general, tenga o no coche, igualmente se beneficia del transporte por carretera ya que esta vía es el circuito para el suministro de todos los bienes necesarios, incluidos entre ellos los bienes de primera necesidad.
- Por otra parte el contribuyente ya en su declaración de la Renta contribuye suficientemente, según indica el art. 31 de la Constitución, según el cual "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía".
Esta tasa afecta al principio de igualdad, pues no es una asignación equitativa precisamente, ni justa, de los recursos públicos, ni tampoco eficiente. Daría pie a una posible vulneración de mencionado precepto constitucional. Además habría que ver si este peaje no estaría igualmente vulnerando la libre circulación de sus ciudadanos, ya que el art. 19 de la Constitución viene a garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a poder circular libremente en territorio nacional. El art. 139.2 de la CE establece que, “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.
El sistema de peajes de las autovías chocaría frontalmente con estos preceptos. Las autovías, no así las autopistas, no permiten en todos los casos un recorrido alternativo. Por esta razón la imposición de estas tarifas medievales en cualesquier vía, sin alternativa gratuita, lo que hace es restringir claramente el derecho de libre circulación de los ciudadanos.
Igualmente es contrario el peaje a este precepto constitucional por impedir el libre desplazamiento por las vías públicas gratuitas a las personas que viven en ámbitos rurales y que necesitan del automóvil al no haber alternativa de transporte público. Es también el caso de aquellos ciudadanos que viven en la periferia de las grandes ciudades y que utilizan a diario las autovías y autopistas para acudir a su trabajo en la capital.
Estos peajes en las autovías restringen igualmente el derecho de los que no tengan recursos suficientes para sufragar los peajes, ya que se ven obligados a usar las carreteras convencionales, lo que tiene tras de sí un mayor índice de siniestralidad; e igualmente el derecho de los que no quieran pagar la tarifa de las autovías y, por ello, decidan usar vías alternativas en caso de que las haya.
La cuestión como se ve raya en lo anticonstitucional, pues la Constitución garantiza por medio de su art. 14 que, "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El art. 31, citado anteriormente, impone que el sistema tributario respete también el principio de igualdad.
Y el art. 139 también antes referido, establece en su punto 1º que, "todos los españoles tendrán los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".
Al parece el Gobierno estudia la posibilidad de incluir un marco legal genérico
- para que otras administraciones
- además de la estatal,
puedan cobrar el peaje por el uso de las vías de su titularidad.
Algunas Comunidades ya han anunciado que no aplicarán la medida que impone peajes medievales a la libre circulación por carretera en sus respectivos territorios, mientras que otras precisan financiación urgente y piensan apoyar la medida.
A todo esto se suma una irregularidad que marca desigualdades de nuevo, según el Director General de Tráfico, habrá ciertos conductores que no tengan que pagar:
- el que viaja por temas laborales,
- por estudios,
- por motivos médicos, etc.