El legítimo derecho a usar el propio idioma de un español: el español, perseguido tergiversando la verdad
El legítimo derecho a usar el propio idioma de un español: el español, está siendo perseguido tergiversando la verdad pues se está denunciando a profesores, universidades y colegios por el uso del español en las clases y en las notificaciones. Estas denuncias van de la mano de organizaciones que están subvencionadas por la Generalitat quienes están señalando y acusando falsamente de supuesta "discriminación lingüística" a profesores y centros educativos públicos erradicados en la Comunidad Valenciana.
Por este tema delirante un centenar de familias alicantinas han huido a colegios de Murcia, dicen estas familias: "Nos imponen el valenciano y la ideología". Algo inconstitucional que va frontalmente contra el derecho de expresión, de usar la propia lengua, la lengua oficialmente reconocida como común a todos los españoles: el español o castellano. Pero esto no se queda en los escenarios educativos, también se acosa a los médicos, colectivo que está sufriendo una oleada de denuncias por supuesta "discriminación lingüística". "Estamos en España y se ha de hablar en castellano".
Esta campaña contra la supuesta "discriminación lingüística" de unos cuando realmente son los otros quienes discriminan a los primeros, en la Comunidad Valenciana, ha sido puesta en marcha por organizaciones que están subvencionadas por el Gobierno de Ximo Puig que no solo ponen el objetivo en los docentes sino en el sector sanitario. Se está denunciando por dar las clases en castellano o atender en castellano; o contra universidades y los centros escolares que emiten comunicaciones en español.
Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua, ha presentado informe como la "ONG del catalán", incluyendo denuncias que se señalan a profesionales. El citado informe se intitula como "Informe de denuncias lingüísticas en el País Valenciano 2022", expone un caso en el que una profesora de instituto público de Vinaroz, Castellón dice haberse negado "a corregir exámenes y trabajos al alumnado que los hacía en valenciano". Supuestamente y según ese documento, la docente dijo que solo podían realizarse los exámenes en español, aduce el informe que esto lo dijo dado su "origen de fuera" de la Comunidad Valenciana.
Tal informe también señala al Centro CEIP Port de Sagunt, de Educación Infantil y Primaria, porque dice entregar las notificaciones únicamente en castellano, "obviando de esta forma las comunicaciones en valenciano".
También denuncia el informe citado al "profesorado de un máster de la Facultad de Física y Química de la Universitat de Valencia que no respeta las clases en valenciano tal y como indica el propio postgrado"; e insiste en que "las clases se están haciendo solo en castellano". El informe tiene como objetivo la denuncias sobre derechos lingüísticos y "visibilizar la discriminación que sufre la ciudadanía cuando habla valenciano, pese a estar al amparo de la Ley vigente", según dice textualmente dicho texto.
Este informe sobre "discriminación lingüística
colectiva" denuncia a la Universidad Miguel Hernández, Elche, porque dicen "los boletines comunicativos
discriminan el valenciano ya que solo se envían al alumnado, profesorado
y otro personal en castellano". Acusa a la misma universidad de "no
utilizar en ningún grado, postgrado, máster o curso el valenciano como
lengua vehicular -en caso de hacerlo es ocasional- y lo realiza todo en
otras lenguas, principalmente el castellano"; "los mensajes
comunicativos en redes sociales, publicidad o boletines son
exclusivamente en castellano".
El informe también denuncia a la Escuela Politécnica Superior
de Alcoy, Alicante, dependiente de la Universidad
Politécnica de Valencia, según dicho texto su web "únicamente tiene versión en
castellano", "aparece la opción de cambiar al valenciano,
pero este botón no funciona".
El informe también denuncia a la escuela infantil de Nules, Castellón, por "utilizar el castellano como lengua vehicular
pese a que el Proyecto Lingüístico de Centro estipula que debe ser el
valenciano".
La Plataforma per la Llengua abandera una campaña con el lema de: "Basta del en castellano para que nos entendamos todos" su finalidad es recopilar denuncias en contra los docentes que utilicen el español, la lengua oficial de España.
Por ley fue aprobada por la Generalitat la Oficina de Derechos Lingüísticos y ha ampliado su ámbito a las universidades de la Comunidad Valenciana para perseguir lo que consideren posibles casos de discriminación de las lenguas oficiales.
El documento del que venimos hablando cuenta con el apoyo de la Escola Valenciana,
la Plataforma per la Llengua, ambas encargadas de reunir denuncias; y tiene también el respaldo de:
- la Intersindical Valenciana,
- CCOO PV,
- Plataforma por el Derecho a Decidir
- Asociación de Escritores en Lengua Catalana...
Además de todo este tinglado de asociaciones y normativas anti castellano o anti español, desde los mismos particulares se llevan acciones en contra del idioma oficial de España. Ver: «En castellano, en castellano»: un paciente denuncia a un centro de salud por discriminación lingüística
Todo esto estaría evitado si no hubieran aprobado llamar lenguas cooficiales a las particularidades lingüísticas existentes en Españas, por más que digan, no son idiomas, son modismos locales por más tradición y raigambre que tengan o digan tener. El idioma es el español o castellano, no lengua, idioma; un idioma es una lengua pero una lengua no tiene por qué ser un idioma. Sin que dejen de denominarse lenguas cooficiales, el idioma de España es el español, ningún otro.