Varias asociaciones de jueces han alertado del retroceso democrático que supondría el control del CGPJ y del Constitucional por parte del Gobierno, en lo que se personaliza en una reforma exprés del Código Penal que se hará presente el Martes día 13 de Diciembre (Martes y 13¡¡) a la Comisión de Justicia del Congreso, nueve días más tarde al Senado para ser convalidada.
Trámite parlamentario de reforma del Código Penal en extremo polémico. En el puente de la Constitución de 2022, han alcanzado las enmiendas de PSOE y U. Podemos, en cuanto a la reforma del delito de sedición, también, la modificación del delito de malversación de fondos públicos y también además, pretenden la modificación del nombramiento de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional y del CGPJ.
Se trata de una reforma exprés del Código Penal que pretende:
- modificar los delitos de sedición
- y malversación de fondos
- y cambia la LOPJ.
Esta es la estratagia del socialcomunista gobierno de España, pero frente a esto los partidos de la oposición, incluso militantes del propio PSOE, hablan del control, por parte del Gobierno, de las instituciones.
PP y VOX hablan de recursos ante el TC y la mayoría de los jueces muestran preocupación ante el deterioro democrático que supondría este cambio en las normas del juego.
De todas formas parece que al tirar la caña el socialcomunismo algo han pescado..., pues, aunque sea la única, es una nota discordante la del los Jueces y Juezas para la Democracia, que en comunicado de prensa con motivo del 44 aniversario de la Constitución de su secretariado, indican que a pesar de los avances que ha supuesto la Constitución Española de 1987 en cuanto a progreso en tema de igualdad y derechos, el “sistema institucional que allí se dispuso está en crisis, porque se está permitiendo que órganos constitucionales de especial relevancia, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional permanezcan en funciones o incompletos".
Dicen que: “los derechos fundamentales y libertades públicas tienen que ser asegurados por los poderes públicos, lo que exige que los organismos que los salvaguardan operen plenamente. De ahí que la interinidad del CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial que ya dura cuatro años es inaceptable”.
Reclaman: “su renovación para volver a una situación de normalidad que nunca debió abandonarse, así como reclamar a los vocales del CPGJ que cumplan con su mandato de elegir a dos magistrados del Constitucional porque ninguna excusa justifica la inestabilidad de este órgano judicial”.
Pero la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, por voz de Alejandro Gonzalez a Economist & Jurist, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Palma de Mallorca, viene a explicar que “es una reforma peligrosa porque rompe el sistema de contrapesos existentes en el CGPJ. Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es bastante peligroso. Si se elimina esta forma de elegir se rompe el consenso y cualquier negociación”.
Y, en comunicado posterior, la Asociación expone que la reforma de la LOPJ lo que busca es “una mayoría simple sin necesidad de un quorum mínimo previo y limitando el voto de cada vocal a un solo candidato o candidata, siendo elegidos los que hayan obtenido un mayor número de votos”... “esta propuesta evoca la planteada en 2020 con relación a la modificación de las mayorías para la elección de los miembros del CGPJ, cuya retirada había sido calificada por la Comisión Europea en su último Informe publicado sobre el Estado de Derecho, como un avance positivo”... la propuesta “habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización", una valoración despreciada por las enmiendas que fueron presentadas al intentar, de nuevo, cambiar las reglas "que arbitran un procedimiento de elección en trámite".
Con el cambio “se eliminan los requisitos necesarios por los magistrados propuestos, verificación que se califica por los expresados grupos parlamentarios de trámite legal adicional”, en el momento en que el socialcomunista Gobierno publique en el BOE el acuerdo de nombramiento de dos candidatos suyos como magistrados del TC.
Desde la APM se insiste en que con todo esto se contribuye “a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos para reclamar que se garanticen los del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas”.