Bruselas recibe un informe con vulneraciones de libertades y derechos lingüísticos graves en Cataluña
Pere Aragonès, Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen en el Crecle d'Economia
Bruselas recibe un informe con seis vulneraciones de libertades y derechos lingüísticos graves en Cataluña y la Eurocámara documenta el incumplimiento de la obligación de impartir clases en un 25% en español y otros casos más, para que se inste al Gobierno a cumplir el Estado de derecho.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y el grupo de control del Estado de Derecho de Bruselas, cuenta ya con un informe demoledor que demuestra los "ataques a las libertades civiles en Cataluña". Repasa seis violaciones de derechos y libertades fundamentales, y presenta "la advertencia de que es necesario frenar" tales incumplimientos, como la violación del derecho a recibir el 25% de la educación en la lengua oficial materna.
La Generalitat aprueba un decreto que desoye, nuevamente, las resoluciones en defensa del castellano del Tribunal Supremo, como lengua vehicular y en el mismo día, la Comisión recibía toda la información al respecto sobre el caso. "El español, en más del 90% de las escuelas catalanas, es residual".
Von der Leyen, Vera Jourova, vicepresidenta de Valores y Transparencia y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han recibido el informe que en ocho páginas, viene a recoger ejemplos de -al menos- seis derechos y libertades fundamentales vulnerados en Cataluña en "más de cuarenta años de políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes con cultivo exclusivo del catalán". Serían:
- el derecho a la igualdad de trato,
- el derecho a la educación,
- la libertad de expresión,
- la libertad ideológica,
- la libertad de asociación y
- la libertad de cátedra.
El informe fue elaborado por la oficina de la vicepresidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, estando al frente de la misma la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua y describe con doce ejemplos concretos y bien documentados, estas vulneraciones de derechos y libertades.
Pagazaurtundua fue también quien impulsara un mandato a la Comisión para que Bruselas se implicase ehiciese implicarse al Gobierno de España en "hacer cumplir" las legislación en las Comunidades Autónomas, para que el Ejecutivo de Sánchez se responsabilizase de que la Generalitat de Cataluña aplicase la sentencia que estima en un 25% de enseñanza en español como lengua vehicular.
Fue un documento muy crítico en la evaluación anual al Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2021, que lamentaba
- la "poca concreción" de las recomendaciones del comisario Reynders,
- la "ausencia de plazos" tasados para los Estados incumplidores y
- la falta de un "instrumento de sanción".
Se exige al Gobierno comunitario castigue al español en caso de no defender el Estado de derecho, no haciendo cumplir con su obligación a "entidades subestatales" como son las autonomías; y ya se tiene soporte fáctico y documental sobre el que basarse.
El Lunes 30 de Mayo, Pere Aragonès convocó de forma extraordinaria reunión de su Govern y aprobaba de urgencia un decreto que venía a sustituir a la ley acordada la semana anterior por ERC, Junts, PSC y Comuns pretendiendo "dar respuesta" a la sentencia del 25% de la escuela en castellano, habiendo sido la norma paralizada en el Parlament, debido a la acción conjunta de Cs, PP y Vox.
También había sido impulsada dicha ley de forma urgente, mediante el procedimiento de lectura única: fue registrada un martes y pretendía ser aprobada un jueves.
- Pretendía "dar cumplimiento" a la sentencia del TSJ catalán, que fuera ratificada por el Supremo, del 25% de clases en castellano en la escuela;
- servía para soslayar esa resolución judicial, a pesar de ser ya firme, utilizando el "subterfugio lingüístico" de llamar "curricular" al español, pero no "vehicular";
- o -como antítesis de todo lo anterior- para "sacar el debate de las lenguas de la lucha política".
En el dosier
- se llama la atención sobre los "indicadores de deterioro del Estado de derecho en España".
- interpreta que se toleran "manifestaciones de ultraidentitarismo en entidades subestatales, que rememoran el espíritu de las que llevan a cabo los gobiernos ultra identitarios de Hungría y Polonia".
- denuncia la "discriminación en la enseñanza obligatoria, contraviniendo las recomendaciones de la Unesco sobre la lengua materna".
- cita la exclusión de "la lengua común española como lengua vehicular", con lo que se incumplen leyes y sentencias judiciales.
La respuesta de la Generalitat fue seguir yendo "en sentido contrario". Y, de esta forma, el decreto fue presentado ese lunes por Patrícia Plaja, portavoz del Govern, como texto legal que quiere "ayudar a proteger a las direcciones de los centros escolares" para refuerzo del modelo nacionalista monolingüe de una escuela catalana, con requisitos que no se aplicarán siguiendo "parámetros numéricos ni porcentajes".
Pagaza citaba el caso del menor de Canet de Mar (Barcelona) amenazado y acosado severamente en las redes sociales y también físicamente, después de haber conseguido que la Justicia impusiese la medida cautelar de recibir al menos un 25% de clases en castellano. El texto destaca la hostilidad, acoso y "bullying institucional" hacia las familias.
También se recuerdan los casos en que ciertos órganos de gobierno de las universidades catalanas públicas, emitieron declaraciones "con sesgo nacionalista que violan la neutralidad ideológica" o "se han negado a reconocer a una asociación de estudiantes constitucionalistas".
Se denuncia el violento acoso sufrido por grupos de estudiantes como los de S'ha acabat!, a los que "no han protegido el ejercicio de estos derechos".
Numerosas organizaciones de profesores han denunciado "la evidente sumisión" al poder político nacionalista de los rectores universitarios.
Pagaza se pronuncia diciendo que "no hay ultraidentitarismo o identitarismo excluyente aceptable". Ese debe ser el punto de partida para la Comisión y que Bruselas "debe actuar con firmeza utilizando todos los instrumentos a su alcance cuando se producen situaciones como éstas, favorecidas por gobiernos o, como en este caso, entidades subestatales, sin intervención en contra del gobierno del Estado miembro". Recuerda que: "está prohibida cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual".